Madrid impulsa una ley de movilidad para unificar las ZBE

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado el primer paso hacia la creación de una ley de movilidad pionera que busca establecer criterios unificados para las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de la región. Esta iniciativa pretende atender las demandas de transportistas y ciudadanos, quienes han manifestado su preocupación por la falta de uniformidad en la normativa de las ZBE a nivel nacional.

Según ha informado el Ejecutivo regional, esta nueva normativa propondrá un modelo específico de ZBE adaptado a las necesidades de la Comunidad de Madrid. Este modelo incluirá:

• La clasificación de vehículos según su ratio de emisiones por pasajero.
• Soluciones específicas para autónomos y pequeñas empresas, sectores especialmente afectados por las actuales restricciones.
• Medidas que promuevan la competitividad regional, equilibrando sostenibilidad y desarrollo económico.

Esta ley también se enmarca en los retos de transformación y sostenibilidad que exige la ley de cambio climático de 2021, la cual establece que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes deben contar con ZBE. Sin embargo, solo una veintena de municipios en España han implementado estas zonas, lo que ha generado quejas por la disparidad de criterios entre localidades.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó esta semana el inicio de los trámites para la redacción de la ley. Próximamente, el proyecto se someterá a consulta pública a través del Portal de Transparencia regional. Durante un plazo de 20 días, ciudadanos, empresas y organizaciones podrán presentar sus sugerencias y aportaciones.

Además, se celebrarán mesas sectoriales de trabajo con representantes de los principales actores implicados, como asociaciones de transporte, entidades locales y otros sectores afectados.

La Comunidad de Madrid asegura que la futura ley no solo abordará la armonización de las ZBE, sino que también buscará soluciones innovadoras para responder a los desafíos de una movilidad en constante evolución. Este marco legal será clave para garantizar una transición sostenible y justa, permitiendo una mayor coordinación entre los municipios y fomentando un modelo más eficaz para el transporte urbano y regional.